El uso de leyes anti-terroristas del gobierno chileno contra los 'incendiarios' Mapuches provoca escándalo, mientras los ONG declaran que las prácticas de las arboricultoras comerciales son responsables por los incendios
Read this article in English
La escalada en las tesiones entre el pueblo Mapuche y el gobierno chileno seguidas al torrente de devastantes incendios forestales revela el alto costo de las políticas de protección al crecimiento mercantil y la subordinación medioambiental apoyada por las corporaciones multinacionales .
Los incendios han resaltado el marcado contraste de las consecuencias de una estrategia que ha hecho de Chile la estrella emergente en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha hecho aún menos concesiones a los derechos indígenas y que continúa sin escuchar las advertencias sobre las prácticas de la arboricultura.
La misma OCDE – quien busca su expansión en Latinoamérica y considera a Chile como modelo para Brasil, potencial miembro – ha estado bajo presión para desarrollar reglas más rigurosas sobre como deberán comportarse las multinacionales con respecto a los pueblos indígenas.
Las relaciones entre el gobierno de Chile y los Mapuches han empeorado dramáticamente después de que ministros sugirieron que los activistas indígenas estaban detrás de los incendios que devastaron carca de 500 kilómetros cuadrados de bosques comerciales y parques en el país a principios de este mes. Los fuegos dañaron plantaciones comerciales de árboles en las regiones de Bío Bío, La Araucanía y partes del parque nacional Las Torres del Paine, en Patagonia, una de las más importantes atracciones turísticas de Chile. Un incendio cerca de Carahue, al sur de Santiago, le costó la vida a siete brigadistas.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, causó el escándalo entre los ONGs y grupos sociales al invocar las leyes anti-terroristas para perseguir a los incendiarios el declaró como responsables, reviviendo su controversial uso contra los Mapuches – quienes han recurrido a un incremento en tácticas desesperadas durante una larga lucha para recobrar tierras ancestrales de las compañías arboricultoras.
Una declaración conjunta de los ONGs y los líderes de los grupos sociales expresó su indignación por el uso de las leyes anti-terroristas y dijo que los incendios atraen la seria cuestión del monocultivo empleado por las compañías arboricultoras. Académicos en leyes han discutido que la persecución equivocada de los Mapuches bajo la legislación antiterrorista ha erosionado significantemente el imperio de la ley en el país.
Los activistas Mapuches han culpado a las compañías arboricultoras que introdujeron el eucalipto y el pino, especies no-nativas, lo que ha empeorado la temporada de secas.
Alfredo Seguel, de la Asociación Konapewman Mapuche, escribió en el blog Servindi que los focos de los incendios coincide con una seria infestación de Sirex noctilio, que emana una toxina que mata al pino, y que la industria forestal ha estado tratando en vano de mantener bajo secreto para evitar el desestabilizar los mercados extranjeros. La introducción de especies no nativas es una amenaza mayor para la biodiversidad en Latinoamérica y las enfermedades han sido un factor clave limitante en el cultivo de otras plantaciones de cosecha.
Seguel sugirió que no es coincidental el que los incendios hayan ocurrido donde la infestación del Sirex es más severa y "en caso de no existir colusión, debería poner en alerta a las empresas aseguradoras por siniestro de incendios a favor de las empresas forestales y que deberían indagar así como toda instancia pública decente".
La arboricultura comercial – que hoy controla 3 millones de hectáreas cultivadas con especies no-nativas – ha estado al corazón del modelo de la diversificación de exportaciones en Chile, originalmente diseñado por el régimen dictatorial militar de Augusto Pinochet. La industria ha encausado los esfuerzos estales para nutrir la emergencia de las propias multinacionales del país, que está entre las principales razones del por qué Chile fué recibido por la OCDE con los brazos abiertos.
Pinochet abrió las tierras indígenas a la privatización, desatando la amarga disputa entre 600,000 de Mapuches y el estado, cuyo fallo en resolver ésta expone un punto flaco en la redemocratización del país.
Para pasar los criterios de la OCDE el gobierno de Chile hizo de la regulación ambiental la pieza central de una serie de reformas clave que respondían a la agenda de dicha organización. Ya en el 2005 la misma OCDE le advertía a Chile sobre la poca atención que le había dado al impacto medioambiental de la plantación de árboles y el riesgo para las epidemias que ello representaba.
A pesar de la significante reforma, el régimen medioambiental de Chile (pdf) ha sido criticado por permanecer desproporcionadamente a favor del mercado en comparación con otros países.
La OCDE misma ha estado bajo presión para reforzar la protección a los pueblos indígenas. El año pasado James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, hizo un llamado a la OCDE para la publicación de reglas más específicas sobre derechos indígenas para las corporaciones multinacionales.
Las reglas más actualizadas de la OCDE (pdf) señalan que las empresas tendrán que considerar la aplicación de niveles adicionales para el respeto a los derechos humanos al tratar con grupos tales como los pueblos indígenas, comprometiendo a las multinacionales a asegurarse de que como interesados sean éstos incluídos en los procesos de decisión que afectan a sus comunidades, y reiteraron las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (ILO) en materia de igualdad de oportunidades.
Sin embargo, éstas permanecen lejos de compararse a las extensas políticas sobre pueblos indígenas articuladas por organizaciones para el desarrollo como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Marie-France Houde, alta economista en la división de inversiones de la OCDE, comentó a the Guardian: "Hemos vuelto ahora nuestra atención a la implementación de reglas actualizadas y esperamos la inclusión de más empeño en la relación entre los interesados, incluyéndose a los pueblos indígenas."
Existen buenas razones para que Chile resuelva sus disputas con los Mapuches. El sobre calentamiento del planeta tendrá un impacto mayor sobre los bosques australes y las negociaciones del cambio climático han enfatizado la necesidad de reforzar los derechos de los habitantes de los bosques indígenas y de aclarar quienes poseen los derechos al carbón de madera.